El candidato de Cambiar la Región de Murcia a la presidencia de la Comunidad Autónoma y coordinador de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha instado hoy al Estado a que tome medidas ante la "dejación de funciones" del Gobierno murciano en laprotección del parque natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, situado entre los municipios de Lorca y Águilas.
El dirigente de IU-Verdes ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa junto a las concejalasde la formación en Águilas, Isabel María Torrente, y Lorca, Gloria Martín, y el portavoz de IU-Verdes en ese municipio, Pedro Sosa.
Álvarez-Castellanos ha urgido a esta intervención por la "grave situación" en que se encuentra el parque, fruto de los "continuos sabotajes, roturaciones y agresiones" que sufren sus valores ambientales, al tiempo que ha denunciado que estos hechos queden "impunes" por la "inacción" del Ejecutivo de Fernando López Miras.
"La política de protección de los espacios naturales por parte del Gobierno regional roza la prevaricación ante la evidente dejación de funciones que implica el hecho de que son 27 los años de retraso en la aprobación de algunos planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) como es el caso de Cope-Calnegre", ha recalcado.
En este sentido, ha explicado que la legislaciónbásica estatal contempla que la aprobación de los PORN debe ser previa a la declaración de los espacios naturales y "que solo excepcionalmente se contempla su aprobación posterior que, previene la Ley, debería producirse en el improrrogable plazo de un año".
En el caso del parque costero "ha pasado ya casi una treintena", además de cinco sentencias judiciales contra "las pretensiones del Gobierno regional de desproteger este espacio natural" y "el cúmulo de agresiones sin respuesta" por el estado de este espacio.
El cabeza de lista de Cambiar la Región de Murcia ha insistido además en la necesidad de que el Ayuntamiento de Lorca modifique "cuanto antes" su Plan General y lo adapte a las sentencias de los tribunales en torno al espacio natural para "descartar de una vez la urbanización de un tesoro natural".
Asimismo, ha reclamado que se implementen las reivindicaciones de los colectivos ecologistas en el sentido de extender a todo el parque las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y el régimen de protección de la directiva europea Hábitat.
Por su parte, Isabel María Torrente ha detallado lascircunstanciasque han rodeado la última agresión contra el parque regionalen las proximidades de la torre de Cope, sobre la que alertó un grupo de vecinos al percatarse de la roturación con maquinaria pesada y que estáestaba destruyendo flora protegida y sobre terrenos en los que se reproduceuna gran cantidad de tortugas moras, que es una especie declarada"vulnerable" en la normativa murciana.
Ante la llamada, la concejala de IU se dirigió alSEPRONA y, por la puntual falta de efectivos de ese servicio de la Guardia Civil, llamóa la Policía Local de Águilas que finalmente paralizó una actuación en la que se handescarnado 2.500 metros de terreno lleno de endemismos de flora yfauna.
Torrente ha abundado en la desprotección que sufre el parque regional y en elhecho de que "el PP no quiere gestionar sus competencias en materia de protección deespacios naturales ya que tolera y normaliza todas las agresiones y ataques a esteespacio litoral".
Por último, la concejala de IU-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha añadido que este es el final de "una nueva legislatura perdida" para la ordenación del territorio, especialmente en lo que tiene que ver con el parque natural Cabo-Cope Calnegre.
"Una más, porque llevamos 27 años esperando, sufriendo un vacío normativo legal, del que el Partido Popular es plenamente consciente y responsable, y del que algunos se aprovechan para practicar la ley del salvaje Oeste. Roturaciones ilegales, actos de sabotaje para impedir el control de accesos para vehículos a motor en espacios de alto valor ecológico, destrucción de los elementos que protegen la flora amenazada", ha apuntado Martín.
La edil ha argumentado que "ni siquiera ha renunciado a su avaricia especulativa que nos podría privar para siempre de un paisaje virgen, de sus rarezas botánicas y de su fauna vulnerable, hoy desprotegidas. La amenaza persiste, porque ni siquiera se ha disuelto el Consorcio de Marina de Cope, que tiene entre sus objetivos el impulso, desarrollo, gestión y ejecución de la Actuación de Interés Regional Marina de Cope, a pesar de que ésta está anulada por sentencia judicial firme".
"Tampoco el Ayuntamiento de Lorca ha anulado la adaptación de su Plan General de Ordenación Urbana para dar cabida a un proyecto tumbado por la Justicia. Sobre los gobiernos autonómicos del PP pesa también la vergüenza de que la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de infracción sobre el Estado español por el retraso en la aprobación de los planes de gestión de la Red Natura 2000, incluidos los de Cabo Cope-Calnegre".
Esto, ha agregado, puede derivar en sanciones económicas y en la reducción de ayudas por parte de los fondos europeos para la Región.
"El Partido Popular no puede seguir asumiendo ni un minuto más las competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución sobre espacios naturales protegidos y protección del Medio Ambiente que le atribuye el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en el marco de la legislación básica del Estado".
Y ha sostenido: "Como llevamos 27 años de desesperación para que el Gobierno regional apruebe figura de los planes de ordenación de recursos naturales, que está dentro de esa legislación básica del Estado, creemos que ha llegado el momento de solicitar la intervención del Estado".
"No hay demasiadas vías para hacerlo, ha dicho Martín. Una de ellas es el artículo 155 de la Constitución Española, que dice que si una comunidad autónoma no cumple con las obligaciones que la Carta Magna u otras leyes le imponen, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", ha concluido.
