El alcalde de Alhama, Juan Romero Cánovas y el concejal de Urbanismo José Espadas ofrecieron la mañana del viernes 7 una rueda de prensa para volver a aclarar las posturas del equipo de Gobierno en el Pleno Ordinario de noviembre tras declaraciones de los grupos de la oposición.
Espadas aclaraba que en los puntos referentes a convenios urbanísticos tenían como único fin el iniciar los trámites ambientales, ni mucho menos conceder licencias de obras, como se había intentado hacer creer, y con ello, que se les reconociera a las empresas el aumento de edificabilidad prevista, teniendo en cuenta que adquieren y ceden al Ayuntamiento terrenos de alto valor ambiental. Añade el edil de Urbanismo que gracias a este tipo de acuerdos el Ayuntamiento ya cuenta con más de 4 millones de metros de espacios protegidos, solucionando con ello dos cuestiones: Por una parte se adquieren a sus propietarios terrenos de posibilidades muy reducidas y por otra, dichos espacios pasan al patrimonio municipal asegurándose su protección.
A raíz de ello, uno de los acuerdos quedó sobre la mesa al surgir la duda de una posible causa de abstención de un miembro del equipo de Gobierno, cuestión que según el edil era totalmente infundada puesto que ya existe un informe de secretaría que dice que en ningún momento existe ni existió causa de abstención. Además, aclara, que la empresa que adquirió los terrenos que pertenecieron a un familial del concejal lo hizo a propuesta del Ayuntamiento siendo en aquel momento concejal de Gobierno un actual concejal de la oposición, por lo que conocía perfectamente la cuestión y sabía que las acusaciones eran infundadas.
Por otra parte, Espadas señaló que se intentó hacer creer a la opinión pública que se había sobrepasado la superficie edificatoria en la mercantil Alhama Golf Resort cuando sólo se ha dado licencia para construir 193.986,65 metros cuadrados, unos 50.000 metros cuadrados por debajo del máximo autorizado por el Pleno. Resultando curioso, que solo 227 han sido concedidas por el actual equipo de Gobierno y el resto, por la anterior Corporación. Además, el concejal del equipo de Gobierno aportaba un Certificado de la Secretaría General en el que se verifican estas cifras.
En cuanto a las ordenanzas fiscales, el delegado de Urbanismo hablaba de las referentes a su área y afirmaba que, en realidad no han subido ninguno de los impuestos municipales, como son el Impuesto de Bienes Inmuebles, el ICIO, el conocido como el sello, etc. Lo que se ha modificado, aclaraba, son las tasas, adaptándolas a la realidad del coste municipal. Es decir, lo que los ciudadanos pagan por utilizar dependencias municipales como la piscina cubierta. Con ello, apuntaba el edil, se asegura que paga el que utiliza las instalaciones y no el que no las utiliza.
Por su parte, el alcalde de Alhama de Murcia señaló que es su intención estar respondiendo cada vez que la oposición efectúa declaraciones, pero que por la confusion creada en las declaraciones de los mismos, quería con su presencia en la convocatoria de prensa desmentir por infundadas estas declaraciones que al parecer, lo único que pretenden es crear dudas de la legalidad y escrupulosidad con la que el actual equipo de gobierno desarrolla todas su actividades.
Puntuó que el equipo de Gobierno tiene mucho trabajo para dedicarse a aclarar las declaraciones de la oposición en los medios de comunicación tras los plenos, declaraciones que señalaba como “opiniones muy particulares” y en ocasiones con tintes “malévolos”. Asimismo pidió a la oposición que hiciese las declaraciones que estime oportunas pero que sean “verídicas”.
El primer edil reiteró que en el Ayuntamiento no hay nada oculto cuestión que, aclaró, conoce perfectamente ex concejales del equipo de Gobierno.
“Vamos a seguir en la misma línea de seriedad, responsabilidad, transparencia y legalidad que hemos desarrollado hasta ahora y aquí no hay nada que ocultar”, concluyó el primer edil tras señalar que el equipo de Gobierno no tiene prisas a la hora de tratar los asuntos que afectan a los ciudadanos, por lo que no escatima el tiempo necesario para debatir los asuntos plenarios.
