La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Región Murcia (FECCOO) Región de Murcia denuncia que el Gobierno regional promueva el discurso del odio al ceder ante las pretensiones de la ultraderecha de legalizar las instrucciones irregulares del 'pin parental' tan sólo para sacar adelante los Presupuestos.
El hecho de que el Ejecutivo se ponga en manos del partido nazi para aprobar los presupuestos, una herramienta institucional al servicio de lo público, es coherente con el discurso que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, esgrimió durante la investidura al asumir el programa de la ultraderecha.
La Federación de Enseñanza de CCOO-RM considera "una indecencia política" consentir las exigencias de la extrema derecha para adoptar los presupuestos, y no optar por dejar fuera la argumentación contra el odio a cambio de obtener la aprobación de los prepuestos que permitan la continuidad de la coalición gubernamental formada por el Partido Popular y Ciudadanos.
En sus explicaciones sobre el 'pin parental', el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, hace un 'totum revolutum' al mezclar completamente conceptos como actividades complementarias y extraordinarias, mostrando su desprecio por la normativa educativa vigente. "La consejera de Educación debería haber cubierto estas lagunas de su compañero para no permitirle desorientar a los ciudadanos", explica Nacho Tornel, secretario general de la FECCOO RM.
"Al afirmar que el objetivo pasa por dar legalidad a las instrucciones a los centros escolares del pasado 29 de agosto, que contravenían claramente lo establecido por los decretos curriculares, Celdrán está admitiendo que estas eran irregulares", prosigue Nacho Tornel.
CCOO Enseñanza reitera que interpuso sendos recurso de alzada contra las resoluciones que pretenden reclamar la autorización expresa de la familia para permitir la asistencia de sus hijos e hijas a las actividades complementarias, de carácter "obligatorio" y "evaluable, según la normativa curricular.
En cuanto a la supresión de las "ayudas no justificadas" a organizaciones sindicales y empresariales, el consejero desacredita la labor de su equipo al sugerir que su propio gobierno estaría cometiendo tamaña irregularidad. "Sobre este extremo el consejero de Hacienda debería dar explicaciones claras", reclama Tornel.
El propio consejero de Hacienda pone en duda su competencia como gestor al proponer para el futuro la aplicación de criterios "transparentes, justificados y objetivos" en la concesión de los que solo él denomina "ayudas".
