La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha instado a los Servicios Jurídicos de la Consejería a que inicien el estudio del informe sobre los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma realizado por el Consejo Económico y Social (CES) para la posible inclusión de sus contenidos en el borrador de la que será la tercera Ley de Servicios Sociales de la Región, cuyo anteproyecto regula el reconocimiento de un derecho universal a las prestaciones de Servicios Sociales, más allá de una ley y pensando en colectivos concretos.
Tras reunirse la pasada semana con el presidente del CES, José Antonio Cobacho, el secretario general del Consejo, Fernando Vélez, y el jefe del Departamento Jurídico y director técnico, Fulgencio Madrid, para conocer este informe, Isabel Franco reconoció que las recomendaciones hechas por este organismo "interesan muchísimo a esta Consejería de cara a regular, mediante una normativa adecuada y asentada sobre el terreno, una prestación tan básica para nuestra sociedad como son los Servicios Sociales".
Desde el Consejo Económico y Social destacaron la importancia de los Servicios Sociales en la Región para personas con algún tipo de discapacidad, personas mayores o inmigrantes, por lo que esperan que finalmente se concrete en una nueva Ley regional de Servicios Sociales que establezca la planificación estratégica de los mismos, elabore el mapa de Servicios Sociales y ordene las competencias entre las administraciones locales, regionales y otras entidades como las mancomunidades.
Tarjeta de Servicios Sociales
La futura tercera Ley de Servicios Sociales contempla la tarjeta de Servicios Sociales, similar a la tarjeta sanitaria y como instrumento único, en la que constará la historia social de cualquier persona desde el momento en que tome contacto con los Servicios Sociales.
Asimismo, está previsto planificar la financiación y dotar de personal para llegar a los mínimos que prevé la futura Ley, además de definir las estructuras básicas de los centros de Servicios Sociales, contemplando la necesidad de coordinar actuaciones con otros ámbitos como el sanitario, de empleo y estamentos de Política Social.
Isabel Franco explicó que la Ley está en fase de anteproyecto y todavía necesita ser modificada con las recomendaciones recogidas en el citado informe del CES. A continuación, deberá pasar por el Consejo Jurídico y, finalmente, ser aprobada por la Asamblea Regional. "Hasta que no llegue ese momento no podemos hablar de inversión presupuestaria o inversiones concretas. Estamos todavía en una fase previa, demasiado embrionaria para ponerle cifra", concluyó.
