Segado: "La izquierda vuelve a castigar a la Región de Murcia, esta vez abandonando a los vecinos de Los Nietos, Puntas de Calnegre, Mazarrón y Cabo de Palos"
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha mantenido una reunión con la Federación de Afectados por la Ley de Costas en la Región de Murcia tras conocerse que el Gobierno de España ha vetado la tramitación de la Iniciativa Legislativa de Modificación de la Ley de Costas.
El pasado mes de diciembre, la Asamblea Regional sacó adelante esta iniciativa ante el Congreso, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.
Tras este rechazo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado un recurso para que la mesa del Congreso estudie de nuevo esta propuesta y dé trámite a esta Proposición de Ley, "que tendrá que resolverse en los próximos días", pues "está en juego el futuro de más de 400 familias de la Región afectadas por esta Ley y dimos nuestra palabra de luchar junto a ellos para que no se derriben sus casas", destacado Segado.
El portavoz ha denunciado que "la izquierda vuelve a castigar a la Región de Murcia, esta vez abandonando a los vecinos de Los Nietos, Puntas de Calnegre, Mazarrón y Cabo de Palos" y que "además de vetar esta iniciativa, no han dado ninguna alternativa ni han mostrado ningún interés por solucionar este problema".
Los vecinos afectados recibieron notificaciones de la Demarcación de Costas del Estado de la Región de Murcia informándoles del derribo de sus casas, "muchas de ellas centenarias". Por ello, el GPP propuso una disposición adicional para que los núcleos urbanos consolidados con unos valores históricos, cuyas viviendas además tuvieran un título de propiedad o una licencia administrativa antes de la entrada en vigor de la ley, puedan excluirse del dominio público.
Segado ha recordado que la propuesta presentada "está alejada de cualquier interés político" y que "solo se piensa en las personas afectadas". Además, ha incidido en que "está fuera de toda duda que la legislación sobre costas debe hacer cumplir y proteger el principio constitucional y garantizar el dominio público sobre la zona marítimo terrestre", pero que "ninguna de estas viviendas se trata de macro urbanizaciones de la década de los años 2.000, sino que se trata de residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a la entrada en vigor de la Ley de Costas, que no son tratados con ninguna particularidad en la legislación".
