El pasado 26 de marzo, el Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, contestó en el pleno de la Asamblea Regional a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto María Marín Martínez, sobre la protección del Parque Regional de EI Valle y Carrascoy.
En la misma, la diputada exponía que en abril del año pasado la Consejería de Medio Ambiente inició la información pública del Plan de Gestión Integral de las sierras de Carrascoy, El Valle, Altaona y Escalona[1], publicando en el BORM el documento relativo a este espacio. Marín interpeló a Vázquez para que explicara los motivos por los que se ha utilizado esta figura del Plan de Gestión Integral, cuando la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de El Valle y Carrascoy sigue pendiente desde el año 1992, año en que fue declarado este espacio protegido por la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia.
A la vista de la respuesta del Consejero, los ecologistas denuncian que “faltó a la verdad en su intervención”, al dar a entender que el Plan de Gestión Integral (que abarca un superficie mucho menor que el Parque Regional) “ya se había comenzado a trabajar” y por tanto es preferible “finalizarlo” antes que el Plan de Ordenación del Parque regional, que abarca una superficie mucho mayor. La transcripción de la intervención del Consejero es la siguiente:
“¿Por qué avanzar antes en el Plan de Gestión Integrada [de la Red Natura 2000 de Carrascoy y El Valle] que en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales? Bueno, pues porque ya se había comenzado a trabajar con este documento y queríamos eh finalizarlo"[2].
Para los ecologistas, prolongar deliberadamente el retraso de más de 30 años en la elaboración del PORN sólo puede tener una explicación racional: los intereses urbanísticos existentes en la zona del Parque Regional que no es abarcada por el Plan de Gestión Integral. En concreto, la diputada Marín saco a colación en este sentido a la empresa urbanizadora del Grupo Fuertes, PROFUSA, reprochando al resto de diputados de la Asamblea que “trabajan para Don…”, momento en el cual el presidente en funciones de la Cámara cortó el micrófono de la diputada, por haber terminado su turno, dijo, y se oye en la grabación al fondo: “Tomás”[3].
Ecologistas en Acción recuerda que el Partido Popular ya intentó, mediante una disposición adicional en la Ley del Suelo del año 2001, recortar en varios miles de hectáreas este Parque Regional, operación fracasada gracias al recurso de inconstitucionalidad alentado por sectores ambientalistas y científicos e interpuesto por un grupo de diputados del Grupo Socialista, que fue refrendado en sentencia del alto tribunal nº 234/2012, de 13 de diciembre de 2012, por trasgredir los principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y protección del medio ambiente, declarando la nulidad de la disposición legal que procede a una nueva delimitación territorial de espacios naturales protegidos en términos que generan incertidumbre acerca de qué concretas partes del territorio autonómico son acreedoras de protección ambiental[4]. Esta sentencia supuso la liquidación definitiva de otra iniciativa urbanística, esta promovida por la propia Comunidad Autónoma en la Marina de Cope[5] con el concurso de los Ayuntamientos de Águilas y Lorca.
Los ecologistas recuerdan al Consejero que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) comenzó a redactarse nada menos que en el año 1993, mediante la RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1993 de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de elaboración de determinados planes de ordenación de los recursos naturales. (BORM n° 230, de 04.10.93)[6], mientras que el Plan de Gestión Integral no pudo iniciar su elaboración antes del año 2006, casi 15 años después, fecha en la cual se aprobó la lista inicial de lugares de importancia comunitaria para la región biogeográfica mediterránea. Según el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, “hay que tener mucha cara para usar como excusa para priorizar el Plan de Gestión Integral el hecho de que comenzara a elaborarse, cuando tiene pendiente varios lustros antes el PORN del Parque. Los gobiernos del PP siempre tienen una mala excusa para no cumplir con su obligación legal de ordenar los Parques Regionales: cuando no es que “son muy complejos”, es que “ya que hemos comenzado otro plan distinto, vamos a terminarlo” y algún día quizás nos sorprenda con que el Pisuerga pasa por Valladolid, y siempre causalmente el retraso tiene beneficiarios con nombres y apellidos”.
Otro de los argumentos del Consejero en su intervención en la Asamblea Regional es que se va a hacer primero el Plan de Gestión Integral (más restringido) y que más adelante (no dice cuándo) se redactará un documento unificado con el PORN, para dar mayor seguridad jurídica, según afirmó. Sin embargo, los ecologistas reprochan al Consejero que no es eso lo que dice la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que exige que se aprueben simultáneamente: “Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente” (artículo 29.2)[7]. Según Pedro Luengo, “aprobar primero un plan y después otro lo que genera es justo al contrario, más inseguridad jurídica, ya que por ejemplo seguirán existiendo cientos de propietarios en un limbo, sin saber a qué atenerse. Resulta cuándo menos paradójico -afirma Luengo- pues esta norma de unificación de planes fue precisamente promovida por la patronal murciana”.
Al igual que ya anunció hace unos meses para el Parque Regional de Cope y Calnegre, Ecologistas en Acción ha registrado recientemente ante la Consejería de Medio Ambiente la reclamación a que se refiere el artículo 29.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que por parte de dicha Consejería se apruebe el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Carrascoy y El Valle. De no recibir respuesta o si esta fuera dilatoria, los ecologistas ya anuncian que demandarán al Consejo de Gobierno de la Comunidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
