La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una iniciativa que obliga al Gobierno autonómico a regular, registrar y financiar las escuelas de música de la Región de Murcia, tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios socialista y popular.
Cartagena, miércoles 13 de mayo de 2026.- El pleno de la Asamblea Regional ha dado luz verde este miércoles a una moción impulsada por la coalición autonómica entre IU-Verdes y Podemos, un acuerdo que finalmente ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto de la formación de Abascal, quienes se han abstenido tras la incorporación de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
La iniciativa supone un giro relevante en la política cultural de la Región de Murcia, al "comprometer al Gobierno autonómico a poner fin a años de vacío normativo" en las escuelas de música no regladas, dependientes en su mayoría de ayuntamientos y sociedades musicales. El texto aprobado obliga al Ejecutivo a desarrollar en un plazo máximo de seis meses el reglamento previsto en la Ley de Música de 2019, además de crear un registro específico y poner en marcha líneas de financiación pública.
Desde la coalición IU-Verdes y Podemos destacan que el acuerdo "marca un antes y un después" para un sector que, denuncian, ha sobrevivido durante años en condiciones de precariedad institucional pese a su enorme peso social y cultural.
El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, ha subrayado que el acuerdo es fruto directo del trabajo conjunto de la coalición y del consenso alcanzado con el resto de fuerzas políticas y el sector musical.
Según ha defendido, la iniciativa logra que el Gobierno regional se comprometa a regular unas escuelas que "dependen de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, como las sociedades musicales que sostienen las bandas de música en toda la Región".
Álvarez-Castellanos ha celebrado especialmente que se haya fijado un plazo de seis meses para la regulación, la creación de un registro oficial y la puesta en marcha de subvenciones destinadas a cubrir gastos estructurales, mantenimiento de instrumentos y apoyo a los costes derivados de la actividad formativa.
"El abandono institucional ha sido la norma durante años, pese a existir mandatos legales desde hace casi dos décadas. Hoy se abre una etapa distinta", ha señalado.
Por su parte, la portavoz parlamentaria, María Marín, ha apelado a la "simbiosis entre las tradiciones del pueblo y la cultura" que suponen las bandas y las escuelas de música en la Región de Murcia, con más de 8.000 alumnos, 5.000 músicos federados, cientos de docentes y casi medio centenar de bandas. "Hablamos de un patrimonio cultural único en todo el Levante, que es parte de la identidad de la Comunidad Valenciana y la Región", ha proseguido.
La diputada morada ha destacado, sin embargo, la ostensible diferencia que existe entre ambas autonomías. "En la Comunidad Valenciana las bandas son reconocidas como Bien de Interés Cultural (BIC), tienen reglamentación propia y una financiación de 13 de millones de euros", ha destacado. "Pero en la Región el PP votó en contra de reconocerlas como BIC en 2017, el Gobierno regional le dio un portazo a ese reconocimiento en 2018 y la financiación es de apenas 140.000 euros".
Marín ha afeado asimismo al Ejecutivo de López Miras los siete años de retraso que acumula para la aprobación del Reglamento al que obliga la Ley regional de Música de 2019. "Mientras tanto son las familias las que tienen que hacerse cargo de todo el peso económico, de los instrumentos, los viajes y el pago de las cuotas sociales de los docentes, algo que lleva a abandonar su pasión a muchos jóvenes", ha manifestado.
"Luego al PP se le llena la boca con el apoyo a nuestras fiestas populares, pero la realidad es la que es y nuestras bandas lo saben. Hoy traemos sus peticiones a este pleno: reglamentación y financiación. Es de justicia", ha concluido la portavoz.
La aprobación de la iniciativa, respaldada finalmente por unanimidad tras el acuerdo de enmiendas entre grupos, abre ahora una nueva fase en la que el Gobierno regional deberá concretar el desarrollo normativo y presupuestario de un sector que llevaba años reclamando seguridad jurídica y apoyo público estable.
