El Gobierno regional aplaude la decisión del Supremo de anular el decreto estatal para crear un registro único de viviendas turísticas

Fuente:
villadealhama.es

La Comunidad recurrió desde el primer momento la normativa, al considerar que invadía las competencias autonómicas y excedía las obligaciones derivadas de la regulación europea

El Gobierno de la Región de Murcia aplaude la decisión del Tribunal Supremo de declarar la nulidad de los aspectos esenciales del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que el Ejecutivo central pretendía imponer un registro único estatal de arrendamientos de corta duración y viviendas de uso turístico.

La sentencia respalda así la postura que el Ejecutivo regional defendió desde el inicio de la tramitación de esta normativa, y confirma las advertencias realizadas por la Comunidad sobre la invasión competencial y la duplicidad administrativa que suponía este modelo centralizado impulsado por el Gobierno de España.

Desde el primer momento, el Gobierno regional mostró su rechazo al decreto, al entender que excedía las obligaciones derivadas de la normativa europea y que pretendía sustituir a los registros autonómicos ya existentes en materia turística.

Por ello, la Región de Murcia se sumó a otras autonomías e interpuso recurso contra esta regulación, al considerar que vulneraba las competencias de las comunidades en materia de ordenación del turismo y contravenía el propio espíritu de la normativa europea, que persigue facilitar el intercambio de información y la coordinación evitando cargas innecesarias, duplicidades y obstáculos administrativos.

El Ejecutivo regional defendió igualmente que la Comunidad ya dispone de instrumentos propios de control, inspección y registro de viviendas de uso turístico, plenamente operativos y adaptados a la realidad territorial y turística de la Región, por lo que la creación de un registro estatal único suponía una carga burocrática innecesaria tanto para propietarios como para administraciones públicas.

La sentencia del Tribunal Supremo concluye que el Estado carece de competencias suficientes para implantar un registro estatal obligatorio que se superponía a los sistemas autonómicos ya existentes, invadiendo competencias propias de las comunidades autónomas.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia se recuerda asimismo que las viviendas de uso turístico desempeñan un papel fundamental como complemento de la planta alojativa tradicional, especialmente en periodos de alta ocupación como la temporada de verano, las fiestas populares, festivales y manifestaciones culturales que se celebran en la Región de Murcia.

Asimismo, señala que este tipo de alojamiento resulta especialmente importante en pequeños municipios y destinos rurales que no cuentan con una oferta hotelera tradicional suficiente, permitiendo que los turistas puedan pernoctar en estos territorios y que el impacto económico de la actividad turística permanezca en los municipios.

El Gobierno regional destaca igualmente que el perfil del turista que opta por una vivienda de uso turístico responde a motivaciones distintas al del visitante que se aloja en establecimientos hoteleros tradicionales, por lo que ambos modelos son complementarios y contribuyen conjuntamente al fortalecimiento del sector turístico regional.

En este sentido, la Comunidad viene desarrollando desde hace años una intensa labor de inspección, control y regularización de este tipo de alojamientos. En concreto, en los últimos tres años se han detectado más de 1.500 viviendas de uso turístico anunciadas en las principales plataformas de comercialización online.

Para fortalecer estas medidas de control, se puso en marcha hace dos años una unidad especial de trabajo que ha permitido localizar viviendas no regularizadas y favorecer que, en su mayoría, hayan adaptado su situación para cumplir con todos los requisitos establecidos en el decreto autonómico.

Con esta y otras medidas, desde el Gobierno regional se trabaja en un modelo de ordenación turística equilibrado, compatible con el desarrollo económico del sector, la protección de los residentes, la lucha contra la oferta ilegal y el respeto a las competencias autonómicas reconocidas constitucionalmente.

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