Tras las recientes noticias publicadas sobre los despidos fulminantes en Cáritas Diocesana de Murcia, donde más de una veintena de profesionales de la intervención social han sido puestos en la calle bajo la excusa de un "cambio de modelo", UGT Servicios Públicos advierte que está situación podría extenderse al resto de organizaciones del Tercer Sector. El sindicato considera que lo ocurrido en la entidad eclesiástica no es un caso aislado, sino un peligroso síntoma de precarización estructural que puede replicarse en otros colectivos similares "de la noche a la mañana".
Así, UGT Servicios Públicos contempla con extrema preocupación cómo entidades que gestionan millones de euros en subvenciones públicas recurren a tácticas rastreras. En el caso de Cáritas, el despido de catorce trabajadores sociales en una sola jornada, alegando motivos económicos mientras se rechazan programas europeos financiados hasta 2029, enciende todas las alarmas sobre el futuro laboral del sector en la Región.
Al respecto, la responsable de Acción sindical, Dependencia y Sector Sociosanitario de UGT SP, Lola Vilella, ha lanzado un mensaje de alerta a todos los trabajadores y las trabajadoras que sostienen las ONGs y fundaciones en Murcia y ha señalado que "hoy ha sido Cáritas, pero mañana puede ser cualquier otra entidad la que decida vaciar los proyectos de personal técnico cualificado"
"UGT incide en una línea roja legal: "el voluntariado es una labor altruista encomiable, pero jamás puede sustituir puestos estructurales. Utilizar la solidaridad para ahorrar costes salariales en un fraude de ley y un ataque directo al convenio del sector", ha recalcado.
Al respecto, Vilella ha recordado que las estructuraciones y los recortes de derechos "no avisan", y que la única garantía para evitar despidos exprés y la pérdida de antigüedad (que en Cáritas ha afectado a profesionales con más de 23 años de servicio) "es la prevención y la organización sindical activa dentro de las empresas antes de que se el conflicto estalle".
En este orden de cosas, UGT recuerda la responsabilidad de las administraciones públicas en este tipo de situaciones, en este caso el IMAS y la Consejería de Política Social.
La responsable sindical ha afirmado que las administraciones públicas "no pueden lavarse las manos ni mirar hacia otro lado. Si se otorga dinero para ejecutar políticas sociales, se debe tutelar y exigir que ese dinero garantice un empleo digno y con derechos. Financiar a entidades que desmantelan sus plantillas de la noche a la mañana convierte a la Administración regional en cómplice por omisión de la precarización laboral de la Región".
Por último, UGT Servicios Públicos ofrece a los trabajadores y las trabajadoras de la Intervención Social su asesoramiento y recuerda que el sindicato está aquí para apoyarlos y ayudarlos en cualquier proceso de defensa de sus puestos de trabajo.
