La consejera de Política Social destaca en la Asamblea Regional que las consecuencias del "fracaso de la política migratoria", cuyo control corresponde al Estado, están "recayendo sobre los sistemas de protección de las comunidades"
El Gobierno regional recurre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que amplía la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en la Región. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, anunció que la Comunidad presentará este recurso ante la imposición del Gobierno central de fijar esta cifra en 553 menores, sin dotar a la Región de la financiación necesaria para atenderles y con un sistema de acogida en situación de sobreocupación.
Durante su intervención en la Asamblea Regional, Ruiz destacó que el Ejecutivo central no ha considerado "que nuevos traslados a la Región seguirán tensionando un sistema que ya se encuentra al límite de sus capacidades". Y señaló que "el fracaso de la política migratoria tiene un responsable: el Gobierno de España", que está convirtiendo "a menores especialmente vulnerables en piezas de una estrategia política improvisada".
La consejera añadió que las consecuencias están "recayendo sobre los sistemas de protección de las comunidades autónomas", y que "frente a esa imposición unilateral de decisiones que afectan directamente a nuestra capacidad de atención y protección, la Comunidad seguirá defendiendo los intereses de la Región de Murcia y exigiendo soluciones reales".
El Gobierno regional considera, además, que el Real Decreto que incrementa la capacidad de acogida vulnera la autonomía financiera de la Comunidad, ya que no acompaña esta decisión de la financiación necesaria para cubrir los gastos de atención a los menores, perjudicando así a las arcas regionales. Además, el Ejecutivo murciano sostiene que la norma invade competencias autonómicas en materia de protección de menores, y que vulnera el interés superior del menor, porque decide realizar esos traslados sin garantizar que el destino cuente con las instalaciones y los recursos necesarios.
También ha recurrido el Real Decreto al considerar que vulnera el principio de lealtad institucional porque el Gobierno central impone una decisión "de espaldas a las autonomías", ya que el procedimiento no se ha consensuado en el órgano de cooperación previsto para ello, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
