El Gobierno regional solicitó el mes pasado al Ministerio la transferencia de competencias en materia de costas, con el objetivo de ampliar su capacidad de gestión sobre el litoral de la Región de Murcia
La Comunidad y otras siete autonomías con litoral reclaman paralizar las modificaciones del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Estrategias Marinas, así como de la reforma de la Ley de Costas estatal, durante el I Congreso de Costas de Canarias, celebrado los días 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana.
La Región de Murcia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco solicitan al Gobierno central que abra un proceso de diálogo y garantice la participación de las administraciones autonómicas en la tramitación de unas normas que afectan directamente a la gestión y ordenación del litoral.
El director general de Litoral y Puertos, Agustín Osete, participó ayer en la mesa de debate 'Los nuevos traspasos competenciales en materia de litoral: experiencia y negociación', donde defendió la necesidad de contar con las comunidades autónomas en las decisiones que afectan a sus costas. "Las comunidades autónomas costeras conocemos las particularidades de nuestro litoral y debemos participar en las decisiones que condicionan su gestión y su futuro", señaló.
Osete recordó que el Gobierno regional solicitó formalmente el pasado mes de septiembre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la transferencia de competencias en materia de costas, con el objetivo de ampliar su capacidad de gestión sobre el litoral de la Región de Murcia.
"Las decisiones sobre nuestro litoral deben tener en cuenta la realidad de cada territorio y contar con la participación de las administraciones que conocen sus necesidades. El diálogo y la seguridad jurídica son fundamentales para abordar cualquier cambio normativo", afirmó el director general.
Uno de los asuntos destacados del congreso fue la necesidad de actualizar la Ley de Costas de 1988. Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo y redactor de la norma estatal, defendió, según la información facilitada por la organización, la conveniencia de revisar una legislación aprobada hace casi cuatro décadas, ante los cambios experimentados desde entonces en la realidad física y administrativa del litoral.
Asimismo, Osete insistió en que "la actualización de la Ley de Costas debe servir para dar respuesta a los problemas reales del litoral, incluidos los efectos de los temporales, y ofrecer mayor seguridad jurídica a los vecinos. Es necesario compatibilizar la protección de la costa con la realidad de los municipios litorales y contar con las comunidades autónomas en las decisiones que afectan a su territorio".
"La inseguridad jurídica tiene cifras y tiene rostro: 600 viviendas en los deslindes y, detrás de cada una, una familia. No son nuevos desarrollos urbanísticos, sino hogares con décadas de historia, muchos con licencia de obras y escrituras inscritas en el Registro. Son familias que llevan años viviendo con la amenaza de ver derribada su casa, mientras quien decide ni siquiera tiene que mirarlas a la cara", señaló el director general.
El congreso abordó también la ordenación del litoral, el reparto de competencias entre administraciones y la experiencia de las comunidades autónomas que ya asumieron competencias en esta materia.
