El presidente de la Comunidad también informa en la Asamblea Regional de que el ahorro fiscal de los contribuyentes de la Región de Murcia en la renta de 2025 ascendió a casi 210 millones de euros
López Miras cuestiona los plazos de reparación del trasvase Tajo-Segura y cree que el objetivo del Ejecutivo central es "cerrarlo", y que "han encontrado una excusa más para ello"
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha iniciado los trámites para la próxima creación de 1.646 nuevas plazas de atención a personas mayores y personas con discapacidad. Concretamente, esta ampliación contempla una nueva oferta de 976 plazas concertadas para personas mayores y personas con discapacidad, a las que se suman otras 670 plazas en centros de día, residencias y servicios de promoción de la autonomía personal.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, informó hoy en la Asamblea Regional de que el Ejecutivo autonómico está preparando esta creación de plazas, que permitirá reducir de forma significativa las listas de espera.
"El Consejo de Gobierno va a aprobar en los próximos días una estrategia para reforzar la dependencia, la discapacidad y la promoción de autonomía personal, y vamos a llegar a poner en marcha 1.646 nuevas plazas para reducir un 90 por ciento la lista de espera en residencias de mayores y un 47 por ciento en personas con discapacidad", dio a conocer López Miras.
Por otra parte, el presidente también informó de que las ayudas económicas individualizadas del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para personas mayores y personas con discapacidad están convocadas desde el pasado 14 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Estas ayudas cuentan con una dotación inicial de 2,5 millones de euros y permitirán atender a unos 2.400 beneficiarios. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 25 de noviembre.
Las ayudas destinadas a personas mayores, dotadas con un millón de euros, permiten financiar la compra de gafas y audífonos, tratamientos bucodentales y gastos de reparación de la vivienda habitual. Por su parte, las dirigidas a personas con discapacidad, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, cubren actuaciones para mejorar la accesibilidad de las viviendas, adaptar vehículos o adquirir dispositivos que favorezcan su autonomía personal.
Ahorro fiscal de casi 210 millones en la Región
Durante la sesión plenaria, López Miras también abordó la evolución del poder adquisitivo de las familias y la incidencia de la inflación y los impuestos sobre los salarios. En este contexto, se refirió a los datos de la campaña de la renta de 2025, según los cuales los contribuyentes de la Región de Murcia se beneficiaron de un ahorro fiscal de 208,6 millones de euros gracias a las deducciones en la Región y al ahorro generado por el tramo autonómico del IRPF. Esta cifra representa un 21 por ciento más que el año anterior.
De esta cantidad, 44,3 millones de euros corresponden a las 27 deducciones fiscales autonómicas. Entre ellas figura la deducción por alquiler de vivienda habitual, que ha supuesto un ahorro de 1,7 millones, un 51 por ciento más que en el ejercicio anterior.
Asimismo, el presidente señaló que casi el 78 por ciento de las declaraciones a las que se refieren estos datos corresponden a contribuyentes con una base salarial de 24.000 euros, y vinculó las medidas fiscales con la necesidad de preservar la capacidad adquisitiva de las familias ante el incremento del coste de la vida.
"Nos quieren dejar hasta abril sin trasvase"
López Miras también abordó las consecuencias de la paralización del trasvase Tajo-Segura por las averías registradas en septiembre. El presidente advirtió de que la interrupción podría suponer que dejen de recibirse 65 hectómetros cúbicos para regadío y otros 20 para abastecimiento. En términos económicos, afirmó que esos 65 hectómetros cúbicos destinados al regadío van a suponer "260 millones de euros menos para la Región de Murcia" y "5.600 empleos menos".
Además, cuestionó los plazos previstos por el Ministerio para reparar las averías y recordó que, tras producirse éstas, "han tardado veinte días en declarar la emergencia". Igualmente, señaló que el 7 de octubre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estableció "un plazo de seis meses para reparar la obra y un plazo máximo de un mes para empezarla, es decir, que hasta abril nos quieren dejar sin trasvase".
Finalmente, López Miras sostuvo que "no es que sea una rotura y que se esté tardando en arreglarla", sino que, a su juicio, "es una decisión política dirigida". En este sentido, afirmó que el Gobierno central pretende aprovechar la avería para avanzar en su política de reducción del trasvase. Así, lamentó que el objetivo del Ejecutivo central es "cerrar el trasvase Tajo-Segura" y que "han encontrado una excusa más para ello".
